Casi 100.000 venezolanos han pedido asilo en España
Hace poco más de un mes, nuestro Gobierno decidió aprobar una ley que facilitara los procedimientos de extranjería a los ciudadanos venezolanos residentes en España.
Normalmente, la legislación pide una serie de documentos que dificultan a los extranjeros renovar sus pasaportes, creando una especie de barrera burocrática llena de trámites. Gracias a la nueva ley, los venezolanos podrán presentarse a la Administración incluso si su pasaporte no está en vigor, capacitándolos para resolver situaciones como residir más tiempo en España por estudios, las residencias no lucrativas o la archiconocida reagrupación familiar.
El 1 de enero de 2018 había 91.228 venezolanos residiendo en España, según el INE, un número que prácticamente se ha duplicado desde 2014 coincidiendo con la crisis económica y política que atraviesa el país sudamericano. Los venezolanos son también los principales solicitantes de asilo en España y sus expedientes suponen el 36% de las 55.668 demandas realizadas el año pasado. El plazo de aplicación de esta flexibilización se mantendrá mientras “subsistan las circunstancias extraordinarias” que la han motivado, indica la instrucción.
“La imposibilidad de solicitar una autorización o sus renovación con un pasaporte caducado está generando entre los ciudadanos de nacionalidad venezolana una suerte de irregularidad sobrevenida puesto que, en la práctica, les está siendo imposible acceder a estos procedimientos debido a que no pueden renovar su pasaporte a través de los servicios consulares de su país”, mantiene el documento firmado por el Director General de Migraciones, José Alarcón, y el Comisario General de Extranjería y Fronteras, Juan Enrique Taborda.
La instrucción sigue la línea de una sentencia de junio de 2018 de la Audiencia Nacional en la que se establece un cambio de criterio para abordar la inacción del gobierno venezolano ante sus nacionales. En la sentencia hay una recomendación de ACNUR en la que se insta a los Estados a que garanticen a los venezolanos los mecanismos migratorios laborales para que no se vean forzados a retornar a Venezuela. Ni la presencia irregular ni la falta de documentos de identidad deben ser vistos como una razón válida para denegar el acceso a la residencia legal. El Defensor del Pueblo también emitió una recomendación en diciembre de 2018 para la Comisaría General buscara distintas alternativas para que los ciudadanos venezolanos pudiesen renovar sus autorizaciones de trabajo y residencia aunque no tuviesen el pasaporte en vigor.
El Gobierno ha tenido otros gestos ante la llegada de venezolanos. El Ministerio del Interior anunció en enero que los venezolanos que vean su solicitud de asilo denegada podrán optar a un permiso temporal de residencia por cuestiones humanitarias. Esta medida beneficiará en una primera fase a 400 venezolanos, según datos de Interior.
